Tribunal Internacional Ambiental y responsabilidad de los estados por daños al medioambiente: ¿una idea utópica?

28 p.El presente capítulo tiene por objeto formular la creación de un tribunal internacional ambiental, para lo cual se evidenciará el origen de los órganos internacionales encaminados a la protección de los derechos humanos, así como las posibilidades y el procedimiento necesario para que se dé su creación; lo anterior, con el propósito de dar solución a conflictos asociados con los daños al medioambiente y la reparación de los perjuicios causados tanto a este como a la población. Asimismo, se ubica a los actores de los conflictos armados, ya sean internos o externos, como una pieza clave para la solución de los detrimentos causados al medioambiente como consecuencia de la guerra. El fundamento para la presente investigación radica en la responsabilidad internacional que se debe presentar a los Estados cuando se afecta el medioambiente.Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto titulado Desafíos contemporáneos para la protección de derechos humanos en escenarios de posconflicto desde enfoques interdisciplinarios, que forma parte de la línea de investigación Fundamentación e Implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, reconocido y categorizado como tipo A1 por Colciencias y registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Investigación en colaboración con el Grupo de Investigación Observatorio Ambiental y de Paz de la Universidad de la Amazonia.Introducción Conflicto armado y medioambiente Tribunales internacionales y el origen de esta idea La creación de un tribunal internacional ambiental Una breve comparación entre la Corte Penal Internacional y el tribunal internacional ambiental Conclusione

Análisis de la Demanda de Reivindicación Marítima presentada ante la CIJ como estrategia de solución de conflicto entre Bolivia y Chile 2013-2015

La Corte Internacional de Justicia es un ente Internacional que forma parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU, se encarga de preservar la paz y la seguridad internacional, resolviendo conflictos entre Estados por la vía contenciosa y consultiva. El Estado Plurinacional de Bolivia, EPB, en el año 2013 presentó ante la Corte una demanda contra la República de Chile, buscando resolver el conflicto que los divide desde hace más de 100 años. La Tesis nos permite determinar los escenarios y perspectivas que enfrenta esta demanda, mediante el análisis de las dinámicas de los conflictos, la revisión de los Mecanismos de Solución Pacífica de Conflictos (diplomáticos y jurídicos) establecidos, en particular, en la Carta de Constitución de la ONU y el análisis del funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia

Alcances de la acción de repetición y de la acción fiscal

El Estado Social de Derecho llamado a impulsar el desarrollo humano dentro de un marco de estabilidad y sostenibilidad, crea mecanismos que permiten ejercer un control sobre el manejo de los recursos públicos. Entre estos mecanismos está la acción fiscal regulada por la ley 610 del 2000 y la acción de repetición por la ley 678 de 2001, ambas orientadas a la reparación de daños ocasionados al Estado y a preservar los recursos públicos, razón por la cual, en ocasiones se confunde con un solo hecho, la procedencia de ambas acciones. La Ley 610 de 2000, reguló la responsabilidad fiscal, con el fin de establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de esta causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño patrimonial al estado. La ley 678 de 2001 estableció como requisitos para la acción de repetición, que exista una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, que haya sido pagada por el Estado a favor de un tercero, con el fin de resarcir el daño causado por uno de sus agentes, mediante una conducta dolosa o gravemente culposa. A pesar de que la acción fiscal se desenvuelve dentro del marco de la gestión fiscal, y la acción de repetición dentro del marco de la responsabilidad del Estado con fundamento en sentencias, conciliaciones y demás medios de terminación de un conflicto, en los casos en que ambos presupuestos se presenten, la controversia debe adelantarse ante el Juez Natural que es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.The Social State of Rigt called to impet human development inside a stability and sustainability frame, that creats mechanisms that a llow to exert a control of management of public resources. Between these mechanisms there is the fiscal action regulated by law 610 of 2000, and action of repetition by law 678 of 2001, both oriented to damages reparation caused to the state and preservation of public resources, that is why, sometimes it is confused with an only fact, the source of both actions. The law 610 of 2000, regulated fiscal responsibility in order to stablish responsibilities for public servants and particular individuals when they are in exercise of fiscal management, or with ocation of it they cause by action or omission and intentional or seriously guilty way a patrimonial damage to the Estate. The law 678 of 2001, stablished as requirements for action of repetition, there has to exist a sentence, conciliation or another way to finish a conflict, that has been paid by Estate in benefit of a third person, in order to compensate the damage cause by one their agents by means of intentional or seriously guilty behaivor. Although fiscal action develops inside a fiscal management frame and the action of repetition of the State founded in sentences, conciliation and other ways of finishing the conflict in case of both budgets appear, the controversy has to go firts to the Natural Judge that it is the Jurisdiction Contentious Administrative

El Nuevo Procedimiento Contencioso Administrativo

The General Code of Process - COGEP promulgated by the National Assembly in May 2015, replaces judicial proceedings written by a system based on oral hearings; that unifies the procedural avenues; It incorporates new technologies; and is based on the principles of immediacy, speed, timing, device, contradiction, advertising, and transparency governing the administration of justice. The COGEP includes among its provisions the administrative proceedings, which from its effect will void the Law of Administrative Jurisdiction. The purpose of this research is to analyze the provisions of administrative proceedings which will enter into force in a few months, whose objective is the legality of administrative actions and the exercise of effective judicial protection for the benefit of the governed; to compare them with current standards, establish substantive changes; determine the regulatory progress, similarities, differences; and provide the relevance and effectiveness of new procedural regulations in this area.El Código Orgánico General de Procesos – COGEP, promulgado por la Asamblea Nacional en mayo de 2015, reemplaza los procesos judiciales escritos por un sistema oral basado en audiencias; que unifica las vías procesales; incorpora nuevas tecnologías; y, se basa en los principios de inmediación, celeridad, oportunidad, dispositivo, contradicción, publicidad, y transparencia que rigen la administración de justicia. El COGEP incluye dentro de sus disposiciones al proceso contencioso administrativo, que a partir de su vigencia dejará sin efecto la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El propósito de esta investigación es analizar las disposiciones del proceso contencioso administrativo que entrará en rigor en pocos meses, cuyo objetivo es el control de legalidad de las actuaciones administrativas y el ejercicio de la tutela judicial efectiva en beneficio de los administrados; a fin de confrontarlas con normas actuales, establecer los cambios sustanciales; determinar el avance normativo, las semejanzas, las diferencias; y, prever la pertinencia y eficacia de las nuevas regulaciones procesales en esta materia

Análisis de la consulta previa, libre e informada desde la constitucionalidad en el caso Piatúa, Ecuador

En el presente trabajo se desarrolla un estudio del caso Piatúa, de la provincia Pastaza en Ecuador, aplicando una metodología cualitativa, en el abordaje realizado al mismo mediante la sentencia de la corte constitucional que lo conoció. En el mismo se refiere a una demanda realizada por actores involucrados que estuvo dirigida a la solicitud de una acción de protección, por considerar que el Estado, al autorizar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico actuó de forma inconstitucional, incumpliendo el proceso de consulta previa, libre e informada al pueblo indígena que habita en este territorio, además de violar los derechos colectivos de estas comunidades. Se realizó un análisis de los argumentos tanto de los demandantes como de la defensa de los demandados los cuales refutan esta acción de protección. Finalmente se presentan las argumentaciones y la aplicación de justicia por la corte constitucional, dando seguimiento a los requisitos que rige la norma en la acción de protección y para el desarrollo de la consulta previa, libre e informada

Un análisis crítico de los principales instrumentos de regulación ambiental en México

207 páginas. Maestría en Derecho.El propósito de la investigación consiste en analizar críticamente el derecho positivo ambiental mexicano, así como su relación con el derecho constitucional, administrativo, tributario y procesal, para identificar falacias y errores, formales e informales, que inciden en la operación de los principales instrumentos de regulación ambiental y que pueden conducir a la contaminación ambiental, el agotamiento de recursos naturales, la impunidad a infractores de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y, finalmente, la violación sistemática de derechos humanos y las garantías constitucionales para su efectiva defensa. La investigación se integra por cuatro secciones principales: En la primera, se analizan los instrumentos para la aplicación de política ambiental mexicana, fundamentalmente el ordenamiento ecológico del territorio, la regulación ambiental de asentamientos humanos, el cambio de uso de suelo forestal y la evaluación de impacto ambiental; con la intención de acreditar cómo, individual y colectivamente, han sido incapaces de lograr la correcta ordenación ambiental en México. En la segunda, se estudian los principales instrumentos para controlar la aplicación de política ambiental mexicana, a saber: la Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, las visitas de inspección y las sanciones administrativas; con el propósito de identificar deficiencias jurídicas que disminuyen su capacidad para vigilar, corregir y sancionar conductas o actividades humanas que contravengan los objetivos de la política ambiental y comprometan su adecuado funcionamiento. En la tercera, se examina a la denuncia popular, como uno de los más importantes mecanismos de participación social y acceso a la justicia en la regulación de política ambiental mexicana; destacando cómo su indebida regulación jurídica y extremada laxitud para con la administración, desemboca en la imposibilidad de lograr una gestión democrática ambiental. Finalmente, en la cuarta, se reflexiona alrededor de los principales mecanismos administrativos y jurisdiccionales orientados a ejercer un control de legalidad sobre los actos y resoluciones definitivas emanadas de los instrumentos estudiados en las secciones I, II y III de la presente investigación; advirtiendo sus problemas y limitaciones para garantizar la justicia ambiental en México.Investigación realizada con el apoyo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO: Elementos para su construcción (Colombia 1.991-2.011)

A nivel mundial se ha evidenciado preocupaciones por causas que atentan contra la estabilidad de los Estados, provenientes de las adversidades que enfrentan en el ejercicio de la Administración Pública. Entre esas preocupaciones se resalta el alto número de litigios en su contra y las cuantiosas condenas judiciales. Colombia no es ajena a esa preocupación, y por lo tanto, se observa un despliegue jurídico en cada entidad pública que aborda diferentes escenarios, entre ellos lo relacionado con la Defensa Judicial del Estado, la cual ha sido catalogada como deficiente, por lo cual se hace necesario identificar y precisar los elementos para la construcción de la Defensa Judicial del Estado Colombiano, previo estudio desde la Constitución Política de 1.991 y hasta la política gubernamental implementada en el actual Gobierno presidencial del Dr. Juan Manuel Santos. Para ello se clasifican las causas identificadas (talento humano, estructura, oferta académica, derechos reclamados, estrategias, entre otras) y las soluciones que han sido propuestas por diferentes actores sociales (Los Comités de Defensa y Conciliación, la Dirección de Defensa Judicial de la Nación, el Cuerpo de Abogacía del Estado, la actual Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, etc.), en contraste con modelos de Gerencia Jurídica Pública (como el adoptado por el Distrito Capital) y las políticas de defensa judicial adoptadas tanto a nivel interno y en otros países (España y Chile), para hallar y plantear los elementos esenciales que sirvan de referencia para la construcción de un modelo de defensa judicial para el Estado Colombiano

Uso adecuados de los Medios de Solución de Controversias Regulados en la Ley de Protección al Consumidor

Generalidades del Derecho del Consumo en El Salvador – Marco Jurídico Nacional y Centroamericano –Medios Alternos de Solución de Contraversias – Entes Relacionados con los Medios Alternos de Solución de Contraversias -- Eficacia de los Medios Alternos de Solución de Contraversias Regulados en la Ley de Protección al Consumidor

Management of public policy for the prevention of unlawful damage in the governance of the municipality of Bucaramanga

Este documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: el Primer capítulo presenta una introducción del contexto de desarrollo de la investigación, el segundo capítulo se presenta un marco conceptual, el tercero presenta el proceso metodológico realizado, el cuarto capítulo presenta la exposición del caso de análisis, el quinto presenta un análisis de los resultados y por último, el sexto presenta las conclusiones del estudio1. Introducción 13 2. Marco Conceptual 35 3. Metodología 57 4. Exposición del caso de análisis 61 5. Análisis de Resultados 85 6. Conclusiones 116 Referencias 126 Bibliografía 135 Anexos 138MaestríaThis document is structured as follows: the first chapter presents an introduction to the context of research development, the second chapter presents a conceptual framework, the third presents the methodological process carried out, the fourth chapter presents the case study analysis, the fifth presents an analysis of the results and finally, the sixth presents the conclusions of the stud

Tendencias investigativas sobre el procedimiento administrativo de cobro coactivo – jurisdicción coactiva

En el presente artículo se estudian las tendencias investigativas sobre la jurisdicción coactiva y el procedimiento de cobro que adelantan las autoridades administrativas para lograr el recaudo de su cartera de manera coercitiva. Para lograr este artículo de investigación se consultaron las bases de datos universitarias, respecto a sus repositorios; además, de una breve consulta a la doctrina sobre el tema ya descrito y artículos de revistas. Por otra partes, este estudio establece conceptos claros y precisos sobre los términos utilizados en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, como mandamiento de pago, títulos ejecutivos, excepciones, medidas cautelares (embargo, secuestro de bienes), entre otros. Por último, se analiza la naturaleza jurídica de la jurisdicción coactiva, dada las gran confusión que genera la atribución que tiene la administración de ser juez y parte en el procedimiento de cobro de las deudas a su favor, soportada en un título ejecutivo, que en algunos casos puede estar conformado por un acto administrativo expedido por misma autoridad administrativa.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho AdministrativoThis article studies the investigative trends on coercive jurisdiction and the collection procedure carried out by the administrative authorities to achieve the collection of their portfolio in a coercive manner. To achieve this research article, the university databases were consulted, regarding their repositories; in addition, a brief consultation to the doctrine on the subject already described and magazine articles. On the other hand, this study establishes clear and precise concepts about the terms used in the administrative procedure of coercive collection, such as payment order, executive titles, exceptions, precautionary measures (seizure, seizure of assets), among others. Finally, the legal nature of coercive jurisdiction is analyzed, given the great confusion generated by the authority of the administration to be judge and party in the debt collection procedure in its favor, supported by an executive title, which in some cases may be made up of an administrative act issued by the same administrative authority